Carta de antecedentes no penales: la federal y la de cada estado

Depende de cuál necesites. La federal se saca entera en línea: entras al portal del órgano Prevención y Reinserción Social, capturas tu CURP, validas tus datos, dices para qué la quieres, pagas con tarjeta o con línea de captura en el banco, y te llega un enlace de descarga al correo. Tarda 72 horas, o diez días hábiles si el sistema detecta a alguien con tu mismo nombre. La estatal depende de tu entidad: en nueve se saca completa en línea, en varias puedes iniciar el trámite pero tienes que ir a pagar o a recoger, y en algunas es presencial de principio a fin. La tabla de esta página dice cuál es tu caso.

La federal cuesta 240 pesos, y no es gratuita: las páginas que dicen que no cuesta nada describen el procedimiento anterior a 2023, cuando lo llevaba la PGR. La estatal va de 86 pesos en Yucatán a 389 en Chiapas, y en la Ciudad de México es gratuita —aunque ahí no la expiden para fines de empleo—. Hay un detalle que conviene conocer: buena parte de las entidades fija la tarifa en UMA y no en pesos, así que su precio cambia cada 1 de febrero. Por eso en la tabla publicamos el múltiplo de UMA además del peso.

La federal, 72 horas, y diez días hábiles cuando hay homonimia: si alguien con tu mismo nombre tiene un registro, el sistema pide tu acta de nacimiento y tu identificación para distinguirte. En los estados varía mucho: donde el trámite es digital puede llegarte al correo el mismo día —Chihuahua promete entre 1 y 36 horas, Colima la imprime en el momento si pagas con tarjeta—, y donde es presencial depende de la cita. Sácala con tiempo: es el documento del expediente que más retrasa una contratación.

No para lo que la gente supone. La carta estatal informa de delitos del fuero común de ESE estado y de ninguno más: no dice nada de los otros 31 ni de los delitos federales. Si trabajaste en tres estados y a la empresa le interesa tu historial completo, una sola carta no se lo da. Y la federal tampoco sustituye a la estatal, porque sólo cubre delitos del orden federal. Son documentos de alcance distinto, así que una empresa que necesita los dos tiene que pedir los dos.

La federal no tiene vigencia específica: así lo dice el acuerdo que creó la modalidad digital. Pero eso no significa que una empresa la acepte con dos años de antigüedad, porque lo que le interesa es tu situación de hoy; en la práctica piden una reciente. Las estatales sí suelen traer vigencia escrita: tres meses en Baja California, 90 días en Jalisco. Y la Constancia de Datos Registrales de la Fiscalía General de la República vale 30 días naturales.

No todo antecedente queda para siempre. El artículo 27 fracción V de la Ley Nacional de Ejecución Penal lista diez casos en los que el registro debe cancelarse, y entre ellos está haber cumplido la pena impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los delitos graves que la ley señale. También se cancela con la absolución, el sobreseimiento, la amnistía, el indulto y la conmutación. Si cumpliste tu pena y tu constancia sigue arrojando el registro, eso es lo que hay que reclamar ante la autoridad que la expide, y la PROFEDET orienta gratis en la parte laboral.

Porque hay entidades que no expiden esta constancia para cualquier motivo, sino sólo en los casos que permite el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nuevo León lo hace desde enero de 2018 y pide que acredites el motivo con un documento oficial; Tabasco exige requerimiento de autoridad, trámite consular o una ley que lo prevea. La Ciudad de México también restringe los casos, aunque no pudimos releer su texto en vivo —sus servidores no respondieron— y por eso no reproducimos aquí su redacción. Si una empresa te la pide y en tu entidad está restringida, no vas a poder conseguirla sin una base legal, y lo práctico es enseñarle a Recursos Humanos el texto del trámite de tu estado. La tabla de esta guía trae el enlace oficial de cada entidad.

No siempre la fiscalía, aunque es lo que todo el mundo supone. En once entidades la expide una secretaría de seguridad, en Aguascalientes y Chiapas el Poder Judicial, en Jalisco el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y en Sinaloa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. También cambia el nombre del documento: Zacatecas lo llama «Registro de Mandamientos Judiciales» y Quintana Roo lo archiva como «antecedentes registrales». La tabla de esta página trae el nombre oficial del órgano de cada entidad y el enlace a su página.

En la federal no hace falta ir a ningún lado: todo el trámite es en línea y lo único que puede atorarse es el pago, porque se hace con tarjeta mexicana o con una línea de captura que alguien debe ir a pagar al banco. En los estados hay dos cosas que casi siempre exigen tu presencia: la toma de huellas dactilares y la firma. Varias fichas dicen que el trámite es «estrictamente personal», así que una carta poder no lo resuelve. Si estás fuera del país, la vía normal es el consulado mexicano, y ahí lo que se tramita es la Constancia de Datos Registrales, que pide la carta de solicitud del consulado.

No. Si el dominio no termina en .gob.mx, no es el gobierno. Lo que venden esos sitios es llenar el formulario por ti, con tus datos de identidad en manos de un tercero, y suelen cobrar varias veces el costo real. El pago oficial se hace dentro del portal del gobierno, nunca por transferencia a una persona. Una advertencia extra para este documento: también circulan precios estatales equivocados —vimos cifras de $185 para Nuevo León y de $325 para San Luis Potosí que contradicen la ley del propio estado—, así que verifica el costo en la página de la autoridad antes de pagar.